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Proceso de paz, acto primero: Un año de contactos entre el PNV y HB sin que el Gobierno les prestara atención
El Ejecutivo contaba con la información obtenida del seguimiento de un dirigente del PNV que contactó en Francia con un miembro del MLNV. Mayor Oreja creía que ETA iba a plantear una tregua indefinida, pero con unas condiciones inasumibles
MADRID.- La tregua indefinida de ETA, que comenzó el viernes 18 de septiembre, es el fruto de un largo proceso de conversaciones lideradas por el PNV que empezaron hace un año.
Dirigentes nacionalistas y representantes de Herri Batasuna han mantenido múltiples reuniones en las que han escrito un guión que ambas partes han ido cumpliendo paso a paso. En él se incluyen el Pacto de Estella y el acuerdo entre los partidos nacionalistas en Barcelona, por un lado, y la creación de una nueva coalición electoral por otro.
Los protagonistas serán ahora los nacionalistas, el Gobierno de José María Aznar y el mundo abertzale.
PNV: Entre el pacto y la radicalidad
José Antonio Ardanza suele contar que en la época de Sabino Arana el PNV sufrió una escisión entre los comuniones, más pactistas y partidarios del acuerdo con el Estado español, y los aberrianos, radicales y favorables a romper los vínculos con España. Añade el lehendakari que ahora, años después, todos y cada uno de los dirigentes del PNV tienen una especie de doble personalidad y llevan dentro un aberriano y un comunión. Y que, según haga falta, sale a relucir uno u otro.
Es decir, la definición de lo que fuera del País Vasco se conoce como la ambigüedad del PNV. Esto se traduce en la actual situación en la que, por un lado, en Madrid tiene ya casi cerrado el acuerdo para apoyar los presupuestos del Gobierno de José María Aznar y en la que, por otro, suscribe el Pacto de Estella con HB y considera «que el marco constitucional está ya superado».
Hace poco más de un año, tras el impactante asesinato de Miguel Angel Blanco, José Antonio Ardanza leyó un enérgico comunicado en la puerta de Ajuria Enea en el que se expresaba el compromiso de no defender junto con Herri Batasuna ninguna causa por justa que fuera. Eso supuso, por ejemplo, la paralización de la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, que defendía con ardor el acercamiento de los presos a las cárceles del País Vasco.
Pero los nacionalistas nunca han dejado y nunca dejarán de tener contactos con el entorno del MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasco). Y no lo hacen porque, como explican los dirigentes del PNV, no se puede aislar a quienes tienen relaciones con HB porque supondría la fractura de muchas familias. El lado aberriano de cada uno de los dirigentes del PNV aconseja no dejar de lado a ese sector de la sociedad vasca que representa la izquierda abertzale y que procede del mismo tronco común.
El embrión de los últimos contactos, en líneas generales, es, por un lado, el de la unidad de acción de los sindicatos LAB, cercano a HB, y ETA-STV, próximo al PNV, y, por otro, el de cerca de una docena de organizaciones y movimientos sociales que ha mantenido miles de reuniones en los últimos años y han producido folios y folios de análisis, estudios y bocetos para diseñar el País Vasco del día después. En el PNV el trío negociador ha estado formado por Joseba Egibar, Juan María Ollora y Gorka Agirre.
En septiembre de 1997, el PNV empezó a recibir el runrún de que un sector del MLNV estaba dispuesto a intentar promover una tregua de ETA y a iniciar un proceso similar al que se vivía, aún de forma embrionaria, en Irlanda del Norte.
Hubo reuniones y se empezó a percibir que algo estaba cambiando, que era posible que hubiera influido en la inamovible estructura del MLNV la movilización social provocada por el asesinato de Miguel Angel Blanco, y que cabía una posibilidad de diálogo real.
EL MUNDO publicó en septiembre de 1997 que dirigentes del PNV, con apoyo del secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, y de dirigentes abertzales como Iñigo Iruin, presionaban a ETA para que decretara una tregua. Un ex alto cargo del Ministerio del Interior colaboraba en la medida de sus posibilidades en el proceso.
Nunca se sabrá qué influencia tuvo el juicio en el Tribunal Supremo a la anterior Mesa Nacional de HB que se inició en octubre de 1997. Para muchos, el temor a verse en la cárcel forzó a dirigentes abertzales a buscarse una salida personal rebajando sus exigencias. Lo cierto es que procesos como el que se vive en el País Vasco son consecuencia de muchas causas, pero ninguna de ellas en sí misma es suficiente para explicarlo.
En la superficie de la dura realidad, ETA no sólo no daba muestras de ceder, sino que incrementaba sus atentados y su crudeza, aunque se permitía trufar el proceso con gestos mínimos, como el comunicado del 20 de noviembre, que aseguraba que no realizaría más atentados en el frente carcelario, o sea, que no mataría a más funcionarios de prisiones.
En ese caldo de cultivo empezó a gestarse también una iniciativa de Elkarri para desarrollar la Constitución, y, dentro del actual marco institucional, aumentar el autogobierno del País Vasco. El documento circuló de mano en mano y fue objeto de análisis, estudios y enmiendas casi hasta convertirlo en un inmenso embrollo que no conducía a ninguna parte, pero que tenía la virtualidad de sentar alrededor de una mesa a gente absolutamente dispersa y dispar.
Y ETA seguía matando con especial crudeza.
En febrero de 1998 llegó a la mesa del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, un voluminoso informe del Cesid. El tocho contenía la transcripción de la primera reunión formal entre el triunvirato del PNV, Ollora, Egibar y Agirre, y el de HB, Joseba Permach, Arnaldo Otegi e Iñigo Iruin, que se había celebrado el 12 de febrero.
El informe recibido por Mayor Oreja describía unas conversaciones en fase muy embrionaria. Los interlocutores se limitaban a analizar y diagnosticar la situación del País Vasco con referencias muy generales, del tipo «la articulación del marco previo...» y expresiones similares.
El ministro despreció el proceso, pero los interlocutores siguieron adelante.
Un mes antes, el 17 de enero, Xabier Arzalluz y José Antonio Ardanza se reunieron con Aznar y Mayor Oreja en La Moncloa. Al empezar la reunión, el lehendakari comenzó a leer en voz alta lo que luego se conocería como el plan Ardanza.
Todavía en los primeros párrafos el presidente del Gobierno interrumpió a Ardanza y le pidió que le dejara una copia del plan para estudiarlo. La negativa del lehendakari provocó una situación de cierta tensión y un breve intercambio de frases en el que Aznar dijo algo parecido a esto: «Si queréis tiraros a la piscina, hacedlo, pero tened cuidado con que haya agua».
Y Ardanza lo hizo, y presentó en la Mesa de Ajuria Enea su plan de paz, en medio de filtraciones, declaraciones y contradeclaraciones. Cuenta el lehendakari que, en contra de lo que se dice, elaboró y cerró el plan sin consultar su contenido concreto con Arzalluz.
El plan hablaba de las condiciones para desarrollar el punto 10 del Pacto de Ajuria Enea, el que se refiere a la salida dialogada si se cumplen las condiciones necesarias, esto es, si hay constancia inequívoca de que ETA quiere abandonar la violencia.
Además, se hablaba de lo que se conoce como ámbito de decisión vasco o la obligación de que el Estado acepte los acuerdos alcanzados por los partidos políticos vascos.
El rechazo de socialistas y populares aparcó la propuesta del lehendakari Ardanza, dividió en dos la Mesa de Ajuria Enea y dejó en la morgue este foro de los partidos democráticos. Sólo faltaba que alguien se atreviera a enterrarlo definitivamente.
En el mes de marzo se descubrieron las escuchas del Cesid en la sede de Herri Batasuna de Vitoria. Unas obras dejaron al descubierto el chapucero montaje con el que los servicios de información lograban datos sobre los movimientos de la coalición, incluyendo sus contactos con los nacionalistas.
Desde febrero hasta hoy se ha celebrado más de una docena de reuniones, algunas con una duración de más de 24 horas, en las que los negociadores analizaban la situación del País Vasco e intentaban buscar soluciones. Se juramentaron para mantener los contactos a pesar de los atentados y se comprometieron a ir dando pasos, pequeños pasos, pero todos hacia adelante.
Por ejemplo, el 20 de junio se constituyó el Foro de Irlanda que ha terminado con el llamad Pacto de Estella en el que participan, entre otros, Herri Batasuna, PNV, Eusko Alkartasuna, Izquierda Unida, LAB y ELA.
En cumplimiento del acuerdo con HB, el PNV hizo gestiones fuera de España y también atrajo a sus posiciones de aberrianos a otros partidos nacionalistas de Galicia y Cataluña, cumpliendo el guión pactado.
Además, dirigentes del PNV participaron en las manifestaciones de protesta contra el cierre de Egin y acudieron a alguna parte de Europa con la denuncia contra la dispersión de los presos vascos. Estos últimos son gestos tímidos con quien han compartido horas y horas de conversaciones, y en las que el peor parado fue José Antonio Rubalcaba, el peneuvista presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que aún no sabe a quién entregó en Estrasburgo la denuncia contra la dispersión.
El 4 de septiembre pasado, Ardanza expresaba a este periódico, en el jardín de Ajuria Enea, su deseo de solucionar el problema del terrorismo antes de abandonar su cargo en diciembre. Probablemente era un deseo, porque el proceso que empieza es largo, pero nadie podrá dudar de que, al menos, lo dejará encauzado.
Los nacionalistas vascos han tenido y tienen claro que ellos debían liderar el proceso, y, a partir de ahora, el aberriano y el comunión que lleva dentro cada dirigente del PNV tendrán que emplearse a fondo.
GOBIERNO: La firmeza de la vía policial
José María Aznar ha mantenido en privado la teoría de que el terrorismo no acabará hasta que el 80% de los vascos no eche al mar al 20% que apoya, respeta o permite que ETA siga actuando. Quizá por eso el presidente del Gobierno corrigió la noche del miércoles pasado desde Lima varias frases del comunicado que le leyó desde Madrid Jaime Mayor Oreja.
Y eso que su ministro del Interior nunca ha sido precisamente un entusiasta de la vía negociadora para solucionar el terrorismo. De hecho, Mayor Oreja sostiene que su política antiterrorista, la de la llamada vía policial, nunca se ha aplicado en este país. Considera el ministro que los gobiernos del PSOE combinaban la actuación policial con las conversaciones, negociaciones o tomas de temperatura que hacían imposible la firmeza.
Por eso, el titular de Interior no sólo ha visto con escepticismo la vía abierta hace un año por el PNV, sino que hasta el pasado jueves por la mañana no se la había tomado en serio. En su momento, recibió y escuchó en la sede del Ministerio a los tres negociadores del PNV, Ollora, Egibar y Agirre, pero luego en su entorno hasta se hacían bromas y se les calificaba irónicamente como el trío de la benzina.
Claro que el ministro tenía la información privilegiada que le facilitaba el Cesid sobre los incipientes contactos entre los nacionalistas y los abertzales.
Contaba también el Gobierno con la información obtenida del seguimiento en el sur de Francia a un destacado dirigente del PNV que acudía a entrar en contacto con un importante miembro del MLNV. Lo más que hizo el ministro fue recibir en varias ocasiones a mensajeros como el líder del grupo pacifista Gernika Gogoratuz, Juan Gutiérrez. Sentados en los sofás del antedespacho del ministro, éste escuchó cómo su interlocutor le trasladaba las opiniones que, a su vez había recabado entre miembros del MLNV. El ministro oía a su interlocutor, dejaba hacer, pero no movía ni un dedo. Como no movió un dedo cuando un amigo suyo, Eugenio Ibarzabal, hizo similares gestiones.
O cuando un obispo castellano le ofreció su mediación.
Mayor Oreja se ha hartado de repetir que lo que hay que hacer es perseguir a los etarras, como delincuentes que son, y que en la línea política lo único que cabe hacer en el País Vasco es poner en marcha el «proyecto común y compartido». Esto viene a ser algo así como eliminar la fractura social en el País Vasco entre nacionalistas y no nacionalistas.
En coherencia con esta idea ha dirigido una implacable política antiterrorista con la que ha logrado ser el ministro más valorado no sólo por los ciudadanos, sino también por la oposición del PSOE.
Su firmeza lo ha llevado a atreverse a hacer cosas que ningún antecesor había osado. Por ejemplo, trajo a Eugenio Etxebeste, Antxon, de Santo Domingo y terminó así con el tópico del interlocutor intocable que era preciso mantener por si en algún momento había que negociar.
Colaboró activamente para que los miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna terminaran en prisión, que no pasaba nada, que no eran intocables.
Incluso, aunque formalmente fue una decisión judicial, cerró el diario Egin. Así, Mayor Oreja acabó con estereotipos agoreros que alertaban de las consecuencias negativas de dejar sin referente ideológico al MLNV y que auguraban un aumento de la violencia en el País Vasco.
Es decir, ni un paso atrás y sin ceder a las presiones que desde diversos sectores le pedían gestos como el acercamiento de presos al País Vasco. Y siempre con un amplio respaldo social y con un creciente distanciamiento de sus socios parlamentarios del PNV, a pesar de haber sido el muñidor del acuerdo para la investidura de Aznar.
Además, en los dos últimos meses, el ministro ha tenido que enfrentarse a situaciones de extrema dureza provocadas por el asesinato de sus compañeros de partido. No sólo el amargo trance de consolar a sus familias, sino buscar protección al resto, escuchar sus quejas y resolver con Carlos Iturgaiz el problema de rellenar las listas electorales del PP vasco.
En el mes de julio, el ministro del Interior empezó a recibir datos de los servicios de información que apuntaban a la posibilidad de que un sector de ETA estuviera planteándose decretar una tregua. Las informaciones eran difusas y más bien parecía que el sector que planteaba el alto el fuego era minoritario.
Se adelantó en anunciar la noticia el ex presidente del Gobierno Felipe González, al desvelar el mes de julio pasado en un Comité Federal del PSOE que se preparaba una tregua de ETA acordada con el PNV.
El Gobierno apoyaba su escepticismo en dos precedentes. Uno, el de la tregua de 20 días de 1996 que provocó un movimiento de ficha del Gobierno acercando presos al País Vasco, pero que quedó en un acto fallido. El segundo es el de la carta del otrora ideólogo de ETA José Luis Alvarez Santacristina, Txelis, en favor del final de la violencia que se hizo circular en diciembre de 1997 por las prisiones con más voluntad que acierto. Se pretendía aprovechar que los presos de ETA se sentían abandonados por la organización tras la tregua en el frente carcelario y recoger el mayor número posible de apoyos en las cárceles. El resultado fue que sólo firmaron varios etarras, con nombre pero sin peso ya en la organización, como José Luis Urrusolo Sistiaga. Todo parecía indicar que, al menos en las cárceles, la posición favorable a la tregua era minoritaria en ETA.
Desde el verano, el ministro Mayor Oreja tenía, por ejemplo, una carta del responsable de los comandos José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, a otro terrorista en la que se le comunica que habría una tregua, pero que sería cosa de poco tiempo.
Este y otros datos hicieron pensar al ministro que ETA iba a plantear una tregua indefinida, pero con unas condiciones que hasta la organización terrorista consideraba inasumibles por el Gobierno. O sea, que era una simple estrategia electoral con el fin de recuperar votos de la izquierda abertzale contraria a la violencia. Es decir, que si la formación política que más votos le ha quitado a Herri Batasuna en los últimos años ha sido Izquierda Unida, la coalición abertzale intenta ahora recuperar esos sufragios y sumarlos a los de los convencidos que ya tiene seguros y que no irán nunca a ningun otro partido. Esta es la traducción en términos electorales de lo que Aznar y Mayor Oreja han llamado la «tregua-trampa».
Todavía el día 10 de septiembre, Mayor Oreja pronunció en una reunión una frase que resume su escepticismo: «Cuando ETA quiera dejar de matar, no me hará falta que me lo diga el PNV. Yo lo sabré».
Luego vino el comunicado, y el primer estudio de su literalidad ha descolocado ligeramente este análisis, ya que en el entorno más cercano del ministro se empieza a ver una luz, todavía tenue, de esperanza al final del túnel.
En el Gobierno empieza a extenderse la teoría de los que creen que ya ha llegado lo que ha estado esperando durante años. Es decir, la presión policial y judicial contra los comandos y el entramado de KAS y el MLNV; la ausencia de referentes personales como lo fueron Antxon, Txomin o Pakito; el acoso internacional por la presión diplomática del Gobierno; la rebelión de la sociedad vasca o la falta de un órgano de expresión que los aglutine, entre otros factores, han provocado la cuasirrendición de ETA.
Por personalizar, en el Ministerio del Interior se asegura que dirigentes como Iñigo Iruin «han visto las orejas al lobo» y han pasado de ser los intocables de la corbata a ser investigados, procesados y condenados. Por eso, aseguran, se buscan salidas personales para eludir la cárcel.
Todas estas salidas individuales, cuando se unen, terminan arrastrando a la organización a declarar una tregua en situación de debilidad.
En los primeros días de septiembre de este año, el PSOE empezó a recibir una información que indicaba que los rumores sobre la tregua de ETA iban en serio. Que los nacionalistas iban a capitalizar el éxito de la paz y que los dos partidos mayoritarios en Madrid corrían el riesgo de quedar fuera. Antes de tomar una decisión, Ramón Jáuregui, que no es el interlocutor habitual de Mayor Oreja, descolgó el teléfono y llamó al Ministerio. El ministro le dijo que esa misma mañana se había reunido con los servicios de información y que no había razones para creer que ETA quisiera dejar las armas. Pese a la respuesta de Mayor Oreja, la Ejecutiva del PSOE hizo pública su petición al Gobierno para que liderara una oferta de paz. La iniciativa fue anunciada antes de que se le diera un contenido concreto, con el objetivo de adelantarse en lo posible a los nacionalistas. Vano empeño. El Gobierno no tenía la más mínima intención de hacer oferta alguna de paz.
ETA: El punto de no retorno de la organización terrorista
Mikel Albisu, Mikel Antza, tenía 14 años cuando murió Franco. Ahora es el responsable del aparato político de ETA, forma parte del triunvirato de la organización terrorista y representa a la generación de dirigentes etarras que tuvo que sustituir a los históricos que fueron detenidos en Bidart el 29 de marzo de 1992.
Antza ha liderado siempre el sector más inmovilista, conservador y violento de ETA. El grupo de los que han defendido que había que «pegar duro» y no renunciar al programa máximo de la organización.
Frente a él ha estado durante años el grupo que lideraba José Luis Arrieta Azkoiti y que defendía que era mejor negociar ahora y conseguir lo que se pueda, que esperar a hacerlo desde la debilidad que da la derrota. Como es obvio, este sector ha estado en minoría en ETA en los últimos años. Por eso, algún día nos podremos enterar de las razones por las que un radical como Antza ha participado en una decisión que, pase lo que pase a partir de ahora, marca un punto de inflexión en la estrategia de ETA.
Mikel Antza ha supervisado todo el proceso de conversaciones entre Herri Batasuna y el PNV, y, a través de un sofisticado sistema de seguridad, ha ido recibiendo información de cada uno de los pasos que se iban dando.
Mientras con una mano permitía este proceso de conversaciones, con la otra autorizaba asesinatos, secuestros y extorsiones. No hay que olvidar que en los 12 últimos meses, justo después de la liberación de Ortega Lara y del asesinato de Miguel Angel Blanco, ETA ha matado a nueve personas: el 6 de septiembre asesinó a un policía en Basauri; el 15 de octubre, a un ertzaina en Bilbao; el 12 de diciembre, al concejal del PP de Irún José Luis Caso; el 10 de enero, al concejal del PP de Zarauz José Ignacio Iruretagoyena; el 30 de enero, al concejal del PP de Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y a su esposa; el 7 de abril, al concejal de UPN Tomás Caballero; el 9 de abril, a un guardia civil en Vitoria, y el 25 de junio, al concejal del PP Manuel Zamarreño.
En la relación no se incluyen los intentos de asesinato ni los atentados fallidos.
Desde el mes de junio, ETA aceptó la petición de sus interlocutores de mantener una tregua tácita que ha tenido continuación en la declaración del alto el fuego indefinido. De esta forma, la organización demostraba también que tiene un estricto control sobre los comandos y que, por primera vez en muchos años, no ha habido campaña de verano.
En el entorno de ETA, en los últimos años, siempre ha habido dirigentes partidarios de mantener contactos con el Gobierno y declarar una tregua. Desde las conversaciones de Argel; los contactos de Rafael Vera y Joel Cathalà con un dirigente de HB ya apartado de la coalición en un hotel de Burdeos, a la oferta de negociación del trío designado por ETA en los últimos meses de 1994.
La novedad es que ese sector parece haber conseguido imponer sus tesis al MLNV, y, desde luego, a los que tienen el sangriento poder de controlar los comandos. Ha resultado fundamental el papel de Rafael Díez Usabiaga, que, liderando el sindicato LAB, ha mantenido, pese a todo, la unidad de acción con la central nacionalista ELA, en una especie de ensayo de frente político nacionalista.
En enero, Juan Gutiérrez, de Gernika Gogoratuz, se entrevistó con diversos dirigentes abertzales como José Luis Elkoro o el propio Díez Usabiaga.
En sus notas, Gutiérrez contaba cómo sus interlocutores le aseguraban que creían posible poder lograr que ETA decretara una tregua. En las entrevistas estaba presente Chris Mitchell, miembro de la Fundación Carter, especializada en mediación en conflictos. En representación del MLNV han intervenido también en algún momento de las conversaciones Arnaldo Otegi, Joseba Permach y, sobre todo, Iñigo Iruin.
Este último es uno de los pocos históricos de la coalición que se ha mantenido casi en primera fila, pese a ser identificado en los últimos años como partidario de una vía más dialogante. Su condición de brillante abogado le ha valido la consideración de los dirigentes del entramado del MLNV, una especie de asesor jurídico y mercantil. Su autoridad en el MLNV se incrementó tras el encarcelamiento de la anterior Mesa Nacional de HB, aunque finalmente no entrara a formar parte de la nueva dirección de la coalición abertzale.
Arnaldo Otegi ha sido cocinero antes que fraile y ha pasado por todos los escalones del MLNV: participó como liberado en un comando; luego formó parte del compacto colectivo de presos, y, desde enero, ha sido la cabeza visible de la nueva Mesa de HB. Fue juzgado por participar en secuestros de dirigentes de UCD como Javier Rupérez. La estrategia en aquella época era también atentar contra políticos del partido gobernante. La fracción de ETA que mantenía esa táctica firmó la paz con el Gobierno de UCD.
Alguno de los negociadores actuales hubo de desdoblarse en la negociación con los nacionalistas y en las posteriores reuniones periódicas y constantes con los que siempre han mandado en ETA, es decir, los que controlan las pistolas y los comandos.
En julio lograron arrancar la tregua tácita, y en septiembre, el permiso para lavar la cara y maquillar a la coalición presentándola a las elecciones con las siglas EH (Euskal Herritarrok). En la nueva formación se incluye a dirigentes apartados por sus posiciones en favor de la paz. Del PNV consiguieron que atrajera a sus posiciones de autogobierno a otros partidos nacionalistas como CiU o BNG y plasmara sus posiciones en la Declaración de Barcelona y que suscribiera el Pacto de Estella con EA, Izquierda Unida y HB. Todo respondía a una escenificación pactada.
EL FUTURO: Un largo y tortuoso camino
La consigna en el Gobierno para el futuro es la de la calma, la paciencia, la cabeza fría, el escepticismo y la discreción. Todo dependerá, dicen, de lo que ocurra el 25 de octubre en el País Vasco, tras una campaña electoral que, por primera vez, se celebrará en paz. Preocupa sobremanera que en el último año los nacionalistas se hayan podido acercar más a HB que lo que esta coalición se ha aproximado al nacionalismo democrático. O, dicho de otro modo, que pueda formarse un Gobierno nacionalista radical -aberriano-, con presencia del PNV y EA y apoyo en el Parlamento vasco de EH.
Todos estos partidos, según sostiene el Gobierno, llevan en sus programas el derecho de autodeterminación y defienden en textos como el Pacto de Estella o la Declaración de Barcelona que hay que buscar otras fórmulas para el Estado. El tema se complica para el Gobierno por el hecho de que sus socios de CiU hayan participado con agrado en dos de las escenas cuyo guión escribió el PNV con HB para llegar a la tregua.
Respecto a ETA, en el Gobierno se confía en que, pese a la literalidad del último comunicado, la organización terrorista haya renunciado ya a su programa máximo, que incluye, por ejemplo, la «reunificación de Euskal Herria», y se preparan a asumir una negociación sobre el futuro de los presos.
ETA ha evitado ya dar la imagen entre sus bases de bajada de pantalones al llevar la iniciativa al Gobierno.
El siguiente movimiento, dicen, ha de hacerlo ETA, y, tras las elecciones, hacer público otro comunicado o, de alguna manera, hacer llegar al Gobierno de qué manera se afronta el proceso, en qué mesas, con qué mediadores y sobre qué temas. Si ETA mantiene su tregua y confirma que no se trata de una macabra operación de imagen, el Gobierno está persuadido de que habrá que iniciar un largo y tortuoso camino, sin ningún paralelismo con el proceso que se vivió en el Ulster. Allí todo estaba por negociar y aquí hay menos margen de maniobra con respecto al autogobierno; allí había dos bandos y un mediador; allí había un líder con carisma en el Sinn Feinn y allí hubo una ministra que se remangó y fue a la cárcel a entrevistarse con los presos del IRA.
Antes, se resolverá la incógnita de saber qué ocurre con las vías de investigación abiertas y casi concluidas del sumario que provocó el cierre de Egin o con la declaración ante el juez Baltasar Garzón de Iñigo Iruin por este mismo sumario.
Una información de Fernando Garea publicada en EL MUNDO el domingo 20 de septiembre de 1998. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido. |