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Así se formó la 'tregua-trampa' según varios medios informativos

Por Narrador - 3 de Julio, 2006, 6:29, Categoría: General

No vamos a resumir los contenidos reproducidos seguidamente, pero si les resaltamos un matiz muy importante. El gobierno desconocía la declaración de ‘tregua’. No es precisamente el caso de la ‘tregua 2006’…

Proceso de paz, acto primero: Un año de contactos entre el PNV y HB sin que el Gobierno les prestara atención

El Ejecutivo contaba con la información obtenida del seguimiento de un dirigente del PNV que contactó en Francia con un miembro del MLNV. Mayor Oreja creía que ETA iba a plantear una tregua indefinida, pero con unas condiciones inasumibles

MADRID.- La tregua indefinida de ETA, que comenzó el viernes 18 de septiembre, es el fruto de un largo proceso de conversaciones lideradas por el PNV que empezaron hace un año.

Dirigentes nacionalistas y representantes de Herri Batasuna han mantenido múltiples reuniones en las que han escrito un guión que ambas partes han ido cumpliendo paso a paso. En él se incluyen el Pacto de Estella y el acuerdo entre los partidos nacionalistas en Barcelona, por un lado, y la creación de una nueva coalición electoral por otro.

Los protagonistas serán ahora los nacionalistas, el Gobierno de José María Aznar y el mundo abertzale.

PNV: Entre el pacto y la radicalidad

José Antonio Ardanza suele contar que en la época de Sabino Arana el PNV sufrió una escisión entre los comuniones, más pactistas y partidarios del acuerdo con el Estado español, y los aberrianos, radicales y favorables a romper los vínculos con España. Añade el lehendakari que ahora, años después, todos y cada uno de los dirigentes del PNV tienen una especie de doble personalidad y llevan dentro un aberriano y un comunión. Y que, según haga falta, sale a relucir uno u otro.

Es decir, la definición de lo que fuera del País Vasco se conoce como la ambigüedad del PNV. Esto se traduce en la actual situación en la que, por un lado, en Madrid tiene ya casi cerrado el acuerdo para apoyar los presupuestos del Gobierno de José María Aznar y en la que, por otro, suscribe el Pacto de Estella con HB y considera «que el marco constitucional está ya superado».

Hace poco más de un año, tras el impactante asesinato de Miguel Angel Blanco, José Antonio Ardanza leyó un enérgico comunicado en la puerta de Ajuria Enea en el que se expresaba el compromiso de no defender junto con Herri Batasuna ninguna causa por justa que fuera. Eso supuso, por ejemplo, la paralización de la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, que defendía con ardor el acercamiento de los presos a las cárceles del País Vasco.

Pero los nacionalistas nunca han dejado y nunca dejarán de tener contactos con el entorno del MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasco). Y no lo hacen porque, como explican los dirigentes del PNV, no se puede aislar a quienes tienen relaciones con HB porque supondría la fractura de muchas familias. El lado aberriano de cada uno de los dirigentes del PNV aconseja no dejar de lado a ese sector de la sociedad vasca que representa la izquierda abertzale y que procede del mismo tronco común.

El embrión de los últimos contactos, en líneas generales, es, por un lado, el de la unidad de acción de los sindicatos LAB, cercano a HB, y ETA-STV, próximo al PNV, y, por otro, el de cerca de una docena de organizaciones y movimientos sociales que ha mantenido miles de reuniones en los últimos años y han producido folios y folios de análisis, estudios y bocetos para diseñar el País Vasco del día después. En el PNV el trío negociador ha estado formado por Joseba Egibar, Juan María Ollora y Gorka Agirre.

En septiembre de 1997, el PNV empezó a recibir el runrún de que un sector del MLNV estaba dispuesto a intentar promover una tregua de ETA y a iniciar un proceso similar al que se vivía, aún de forma embrionaria, en Irlanda del Norte.

Hubo reuniones y se empezó a percibir que algo estaba cambiando, que era posible que hubiera influido en la inamovible estructura del MLNV la movilización social provocada por el asesinato de Miguel Angel Blanco, y que cabía una posibilidad de diálogo real.

EL MUNDO publicó en septiembre de 1997 que dirigentes del PNV, con apoyo del secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, y de dirigentes abertzales como Iñigo Iruin, presionaban a ETA para que decretara una tregua. Un ex alto cargo del Ministerio del Interior colaboraba en la medida de sus posibilidades en el proceso.

Nunca se sabrá qué influencia tuvo el juicio en el Tribunal Supremo a la anterior Mesa Nacional de HB que se inició en octubre de 1997. Para muchos, el temor a verse en la cárcel forzó a dirigentes abertzales a buscarse una salida personal rebajando sus exigencias. Lo cierto es que procesos como el que se vive en el País Vasco son consecuencia de muchas causas, pero ninguna de ellas en sí misma es suficiente para explicarlo.

En la superficie de la dura realidad, ETA no sólo no daba muestras de ceder, sino que incrementaba sus atentados y su crudeza, aunque se permitía trufar el proceso con gestos mínimos, como el comunicado del 20 de noviembre, que aseguraba que no realizaría más atentados en el frente carcelario, o sea, que no mataría a más funcionarios de prisiones.

En ese caldo de cultivo empezó a gestarse también una iniciativa de Elkarri para desarrollar la Constitución, y, dentro del actual marco institucional, aumentar el autogobierno del País Vasco. El documento circuló de mano en mano y fue objeto de análisis, estudios y enmiendas casi hasta convertirlo en un inmenso embrollo que no conducía a ninguna parte, pero que tenía la virtualidad de sentar alrededor de una mesa a gente absolutamente dispersa y dispar.

Y ETA seguía matando con especial crudeza.

En febrero de 1998 llegó a la mesa del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, un voluminoso informe del Cesid. El tocho contenía la transcripción de la primera reunión formal entre el triunvirato del PNV, Ollora, Egibar y Agirre, y el de HB, Joseba Permach, Arnaldo Otegi e Iñigo Iruin, que se había celebrado el 12 de febrero.

El informe recibido por Mayor Oreja describía unas conversaciones en fase muy embrionaria. Los interlocutores se limitaban a analizar y diagnosticar la situación del País Vasco con referencias muy generales, del tipo «la articulación del marco previo...» y expresiones similares.

El ministro despreció el proceso, pero los interlocutores siguieron adelante.

Un mes antes, el 17 de enero, Xabier Arzalluz y José Antonio Ardanza se reunieron con Aznar y Mayor Oreja en La Moncloa. Al empezar la reunión, el lehendakari comenzó a leer en voz alta lo que luego se conocería como el plan Ardanza.

Todavía en los primeros párrafos el presidente del Gobierno interrumpió a Ardanza y le pidió que le dejara una copia del plan para estudiarlo. La negativa del lehendakari provocó una situación de cierta tensión y un breve intercambio de frases en el que Aznar dijo algo parecido a esto: «Si queréis tiraros a la piscina, hacedlo, pero tened cuidado con que haya agua».

Y Ardanza lo hizo, y presentó en la Mesa de Ajuria Enea su plan de paz, en medio de filtraciones, declaraciones y contradeclaraciones. Cuenta el lehendakari que, en contra de lo que se dice, elaboró y cerró el plan sin consultar su contenido concreto con Arzalluz.

El plan hablaba de las condiciones para desarrollar el punto 10 del Pacto de Ajuria Enea, el que se refiere a la salida dialogada si se cumplen las condiciones necesarias, esto es, si hay constancia inequívoca de que ETA quiere abandonar la violencia.

Además, se hablaba de lo que se conoce como ámbito de decisión vasco o la obligación de que el Estado acepte los acuerdos alcanzados por los partidos políticos vascos.

El rechazo de socialistas y populares aparcó la propuesta del lehendakari Ardanza, dividió en dos la Mesa de Ajuria Enea y dejó en la morgue este foro de los partidos democráticos. Sólo faltaba que alguien se atreviera a enterrarlo definitivamente.

En el mes de marzo se descubrieron las escuchas del Cesid en la sede de Herri Batasuna de Vitoria. Unas obras dejaron al descubierto el chapucero montaje con el que los servicios de información lograban datos sobre los movimientos de la coalición, incluyendo sus contactos con los nacionalistas.

Desde febrero hasta hoy se ha celebrado más de una docena de reuniones, algunas con una duración de más de 24 horas, en las que los negociadores analizaban la situación del País Vasco e intentaban buscar soluciones. Se juramentaron para mantener los contactos a pesar de los atentados y se comprometieron a ir dando pasos, pequeños pasos, pero todos hacia adelante.

Por ejemplo, el 20 de junio se constituyó el Foro de Irlanda que ha terminado con el llamad Pacto de Estella en el que participan, entre otros, Herri Batasuna, PNV, Eusko Alkartasuna, Izquierda Unida, LAB y ELA.

En cumplimiento del acuerdo con HB, el PNV hizo gestiones fuera de España y también atrajo a sus posiciones de aberrianos a otros partidos nacionalistas de Galicia y Cataluña, cumpliendo el guión pactado.

Además, dirigentes del PNV participaron en las manifestaciones de protesta contra el cierre de Egin y acudieron a alguna parte de Europa con la denuncia contra la dispersión de los presos vascos. Estos últimos son gestos tímidos con quien han compartido horas y horas de conversaciones, y en las que el peor parado fue José Antonio Rubalcaba, el peneuvista presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que aún no sabe a quién entregó en Estrasburgo la denuncia contra la dispersión.

El 4 de septiembre pasado, Ardanza expresaba a este periódico, en el jardín de Ajuria Enea, su deseo de solucionar el problema del terrorismo antes de abandonar su cargo en diciembre. Probablemente era un deseo, porque el proceso que empieza es largo, pero nadie podrá dudar de que, al menos, lo dejará encauzado.

Los nacionalistas vascos han tenido y tienen claro que ellos debían liderar el proceso, y, a partir de ahora, el aberriano y el comunión que lleva dentro cada dirigente del PNV tendrán que emplearse a fondo.

GOBIERNO: La firmeza de la vía policial

José María Aznar ha mantenido en privado la teoría de que el terrorismo no acabará hasta que el 80% de los vascos no eche al mar al 20% que apoya, respeta o permite que ETA siga actuando. Quizá por eso el presidente del Gobierno corrigió la noche del miércoles pasado desde Lima varias frases del comunicado que le leyó desde Madrid Jaime Mayor Oreja.

Y eso que su ministro del Interior nunca ha sido precisamente un entusiasta de la vía negociadora para solucionar el terrorismo. De hecho, Mayor Oreja sostiene que su política antiterrorista, la de la llamada vía policial, nunca se ha aplicado en este país. Considera el ministro que los gobiernos del PSOE combinaban la actuación policial con las conversaciones, negociaciones o tomas de temperatura que hacían imposible la firmeza.

Por eso, el titular de Interior no sólo ha visto con escepticismo la vía abierta hace un año por el PNV, sino que hasta el pasado jueves por la mañana no se la había tomado en serio. En su momento, recibió y escuchó en la sede del Ministerio a los tres negociadores del PNV, Ollora, Egibar y Agirre, pero luego en su entorno hasta se hacían bromas y se les calificaba irónicamente como el trío de la benzina.

Claro que el ministro tenía la información privilegiada que le facilitaba el Cesid sobre los incipientes contactos entre los nacionalistas y los abertzales.

Contaba también el Gobierno con la información obtenida del seguimiento en el sur de Francia a un destacado dirigente del PNV que acudía a entrar en contacto con un importante miembro del MLNV. Lo más que hizo el ministro fue recibir en varias ocasiones a mensajeros como el líder del grupo pacifista Gernika Gogoratuz, Juan Gutiérrez. Sentados en los sofás del antedespacho del ministro, éste escuchó cómo su interlocutor le trasladaba las opiniones que, a su vez había recabado entre miembros del MLNV. El ministro oía a su interlocutor, dejaba hacer, pero no movía ni un dedo. Como no movió un dedo cuando un amigo suyo, Eugenio Ibarzabal, hizo similares gestiones.

O cuando un obispo castellano le ofreció su mediación.

Mayor Oreja se ha hartado de repetir que lo que hay que hacer es perseguir a los etarras, como delincuentes que son, y que en la línea política lo único que cabe hacer en el País Vasco es poner en marcha el «proyecto común y compartido». Esto viene a ser algo así como eliminar la fractura social en el País Vasco entre nacionalistas y no nacionalistas.

En coherencia con esta idea ha dirigido una implacable política antiterrorista con la que ha logrado ser el ministro más valorado no sólo por los ciudadanos, sino también por la oposición del PSOE.

Su firmeza lo ha llevado a atreverse a hacer cosas que ningún antecesor había osado. Por ejemplo, trajo a Eugenio Etxebeste, Antxon, de Santo Domingo y terminó así con el tópico del interlocutor intocable que era preciso mantener por si en algún momento había que negociar.

Colaboró activamente para que los miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna terminaran en prisión, que no pasaba nada, que no eran intocables.

Incluso, aunque formalmente fue una decisión judicial, cerró el diario Egin. Así, Mayor Oreja acabó con estereotipos agoreros que alertaban de las consecuencias negativas de dejar sin referente ideológico al MLNV y que auguraban un aumento de la violencia en el País Vasco.

Es decir, ni un paso atrás y sin ceder a las presiones que desde diversos sectores le pedían gestos como el acercamiento de presos al País Vasco. Y siempre con un amplio respaldo social y con un creciente distanciamiento de sus socios parlamentarios del PNV, a pesar de haber sido el muñidor del acuerdo para la investidura de Aznar.

Además, en los dos últimos meses, el ministro ha tenido que enfrentarse a situaciones de extrema dureza provocadas por el asesinato de sus compañeros de partido. No sólo el amargo trance de consolar a sus familias, sino buscar protección al resto, escuchar sus quejas y resolver con Carlos Iturgaiz el problema de rellenar las listas electorales del PP vasco.

En el mes de julio, el ministro del Interior empezó a recibir datos de los servicios de información que apuntaban a la posibilidad de que un sector de ETA estuviera planteándose decretar una tregua. Las informaciones eran difusas y más bien parecía que el sector que planteaba el alto el fuego era minoritario.

Se adelantó en anunciar la noticia el ex presidente del Gobierno Felipe González, al desvelar el mes de julio pasado en un Comité Federal del PSOE que se preparaba una tregua de ETA acordada con el PNV.

El Gobierno apoyaba su escepticismo en dos precedentes. Uno, el de la tregua de 20 días de 1996 que provocó un movimiento de ficha del Gobierno acercando presos al País Vasco, pero que quedó en un acto fallido. El segundo es el de la carta del otrora ideólogo de ETA José Luis Alvarez Santacristina, Txelis, en favor del final de la violencia que se hizo circular en diciembre de 1997 por las prisiones con más voluntad que acierto. Se pretendía aprovechar que los presos de ETA se sentían abandonados por la organización tras la tregua en el frente carcelario y recoger el mayor número posible de apoyos en las cárceles. El resultado fue que sólo firmaron varios etarras, con nombre pero sin peso ya en la organización, como José Luis Urrusolo Sistiaga. Todo parecía indicar que, al menos en las cárceles, la posición favorable a la tregua era minoritaria en ETA.

Desde el verano, el ministro Mayor Oreja tenía, por ejemplo, una carta del responsable de los comandos José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, a otro terrorista en la que se le comunica que habría una tregua, pero que sería cosa de poco tiempo.

Este y otros datos hicieron pensar al ministro que ETA iba a plantear una tregua indefinida, pero con unas condiciones que hasta la organización terrorista consideraba inasumibles por el Gobierno. O sea, que era una simple estrategia electoral con el fin de recuperar votos de la izquierda abertzale contraria a la violencia. Es decir, que si la formación política que más votos le ha quitado a Herri Batasuna en los últimos años ha sido Izquierda Unida, la coalición abertzale intenta ahora recuperar esos sufragios y sumarlos a los de los convencidos que ya tiene seguros y que no irán nunca a ningun otro partido. Esta es la traducción en términos electorales de lo que Aznar y Mayor Oreja han llamado la «tregua-trampa».

Todavía el día 10 de septiembre, Mayor Oreja pronunció en una reunión una frase que resume su escepticismo: «Cuando ETA quiera dejar de matar, no me hará falta que me lo diga el PNV. Yo lo sabré».

Luego vino el comunicado, y el primer estudio de su literalidad ha descolocado ligeramente este análisis, ya que en el entorno más cercano del ministro se empieza a ver una luz, todavía tenue, de esperanza al final del túnel.

En el Gobierno empieza a extenderse la teoría de los que creen que ya ha llegado lo que ha estado esperando durante años. Es decir, la presión policial y judicial contra los comandos y el entramado de KAS y el MLNV; la ausencia de referentes personales como lo fueron Antxon, Txomin o Pakito; el acoso internacional por la presión diplomática del Gobierno; la rebelión de la sociedad vasca o la falta de un órgano de expresión que los aglutine, entre otros factores, han provocado la cuasirrendición de ETA.

Por personalizar, en el Ministerio del Interior se asegura que dirigentes como Iñigo Iruin «han visto las orejas al lobo» y han pasado de ser los intocables de la corbata a ser investigados, procesados y condenados. Por eso, aseguran, se buscan salidas personales para eludir la cárcel.

Todas estas salidas individuales, cuando se unen, terminan arrastrando a la organización a declarar una tregua en situación de debilidad.

En los primeros días de septiembre de este año, el PSOE empezó a recibir una información que indicaba que los rumores sobre la tregua de ETA iban en serio. Que los nacionalistas iban a capitalizar el éxito de la paz y que los dos partidos mayoritarios en Madrid corrían el riesgo de quedar fuera. Antes de tomar una decisión, Ramón Jáuregui, que no es el interlocutor habitual de Mayor Oreja, descolgó el teléfono y llamó al Ministerio. El ministro le dijo que esa misma mañana se había reunido con los servicios de información y que no había razones para creer que ETA quisiera dejar las armas. Pese a la respuesta de Mayor Oreja, la Ejecutiva del PSOE hizo pública su petición al Gobierno para que liderara una oferta de paz. La iniciativa fue anunciada antes de que se le diera un contenido concreto, con el objetivo de adelantarse en lo posible a los nacionalistas. Vano empeño. El Gobierno no tenía la más mínima intención de hacer oferta alguna de paz.

ETA: El punto de no retorno de la organización terrorista

Mikel Albisu, Mikel Antza, tenía 14 años cuando murió Franco. Ahora es el responsable del aparato político de ETA, forma parte del triunvirato de la organización terrorista y representa a la generación de dirigentes etarras que tuvo que sustituir a los históricos que fueron detenidos en Bidart el 29 de marzo de 1992.

Antza ha liderado siempre el sector más inmovilista, conservador y violento de ETA. El grupo de los que han defendido que había que «pegar duro» y no renunciar al programa máximo de la organización.

Frente a él ha estado durante años el grupo que lideraba José Luis Arrieta Azkoiti y que defendía que era mejor negociar ahora y conseguir lo que se pueda, que esperar a hacerlo desde la debilidad que da la derrota. Como es obvio, este sector ha estado en minoría en ETA en los últimos años. Por eso, algún día nos podremos enterar de las razones por las que un radical como Antza ha participado en una decisión que, pase lo que pase a partir de ahora, marca un punto de inflexión en la estrategia de ETA.

Mikel Antza ha supervisado todo el proceso de conversaciones entre Herri Batasuna y el PNV, y, a través de un sofisticado sistema de seguridad, ha ido recibiendo información de cada uno de los pasos que se iban dando.

Mientras con una mano permitía este proceso de conversaciones, con la otra autorizaba asesinatos, secuestros y extorsiones. No hay que olvidar que en los 12 últimos meses, justo después de la liberación de Ortega Lara y del asesinato de Miguel Angel Blanco, ETA ha matado a nueve personas: el 6 de septiembre asesinó a un policía en Basauri; el 15 de octubre, a un ertzaina en Bilbao; el 12 de diciembre, al concejal del PP de Irún José Luis Caso; el 10 de enero, al concejal del PP de Zarauz José Ignacio Iruretagoyena; el 30 de enero, al concejal del PP de Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y a su esposa; el 7 de abril, al concejal de UPN Tomás Caballero; el 9 de abril, a un guardia civil en Vitoria, y el 25 de junio, al concejal del PP Manuel Zamarreño.

En la relación no se incluyen los intentos de asesinato ni los atentados fallidos.

Desde el mes de junio, ETA aceptó la petición de sus interlocutores de mantener una tregua tácita que ha tenido continuación en la declaración del alto el fuego indefinido. De esta forma, la organización demostraba también que tiene un estricto control sobre los comandos y que, por primera vez en muchos años, no ha habido campaña de verano.

En el entorno de ETA, en los últimos años, siempre ha habido dirigentes partidarios de mantener contactos con el Gobierno y declarar una tregua. Desde las conversaciones de Argel; los contactos de Rafael Vera y Joel Cathalà con un dirigente de HB ya apartado de la coalición en un hotel de Burdeos, a la oferta de negociación del trío designado por ETA en los últimos meses de 1994.

La novedad es que ese sector parece haber conseguido imponer sus tesis al MLNV, y, desde luego, a los que tienen el sangriento poder de controlar los comandos. Ha resultado fundamental el papel de Rafael Díez Usabiaga, que, liderando el sindicato LAB, ha mantenido, pese a todo, la unidad de acción con la central nacionalista ELA, en una especie de ensayo de frente político nacionalista.

En enero, Juan Gutiérrez, de Gernika Gogoratuz, se entrevistó con diversos dirigentes abertzales como José Luis Elkoro o el propio Díez Usabiaga.

En sus notas, Gutiérrez contaba cómo sus interlocutores le aseguraban que creían posible poder lograr que ETA decretara una tregua. En las entrevistas estaba presente Chris Mitchell, miembro de la Fundación Carter, especializada en mediación en conflictos. En representación del MLNV han intervenido también en algún momento de las conversaciones Arnaldo Otegi, Joseba Permach y, sobre todo, Iñigo Iruin.

Este último es uno de los pocos históricos de la coalición que se ha mantenido casi en primera fila, pese a ser identificado en los últimos años como partidario de una vía más dialogante. Su condición de brillante abogado le ha valido la consideración de los dirigentes del entramado del MLNV, una especie de asesor jurídico y mercantil. Su autoridad en el MLNV se incrementó tras el encarcelamiento de la anterior Mesa Nacional de HB, aunque finalmente no entrara a formar parte de la nueva dirección de la coalición abertzale.

Arnaldo Otegi ha sido cocinero antes que fraile y ha pasado por todos los escalones del MLNV: participó como liberado en un comando; luego formó parte del compacto colectivo de presos, y, desde enero, ha sido la cabeza visible de la nueva Mesa de HB. Fue juzgado por participar en secuestros de dirigentes de UCD como Javier Rupérez. La estrategia en aquella época era también atentar contra políticos del partido gobernante. La fracción de ETA que mantenía esa táctica firmó la paz con el Gobierno de UCD.

Alguno de los negociadores actuales hubo de desdoblarse en la negociación con los nacionalistas y en las posteriores reuniones periódicas y constantes con los que siempre han mandado en ETA, es decir, los que controlan las pistolas y los comandos.

En julio lograron arrancar la tregua tácita, y en septiembre, el permiso para lavar la cara y maquillar a la coalición presentándola a las elecciones con las siglas EH (Euskal Herritarrok). En la nueva formación se incluye a dirigentes apartados por sus posiciones en favor de la paz. Del PNV consiguieron que atrajera a sus posiciones de autogobierno a otros partidos nacionalistas como CiU o BNG y plasmara sus posiciones en la Declaración de Barcelona y que suscribiera el Pacto de Estella con EA, Izquierda Unida y HB. Todo respondía a una escenificación pactada.

EL FUTURO: Un largo y tortuoso camino

La consigna en el Gobierno para el futuro es la de la calma, la paciencia, la cabeza fría, el escepticismo y la discreción. Todo dependerá, dicen, de lo que ocurra el 25 de octubre en el País Vasco, tras una campaña electoral que, por primera vez, se celebrará en paz. Preocupa sobremanera que en el último año los nacionalistas se hayan podido acercar más a HB que lo que esta coalición se ha aproximado al nacionalismo democrático. O, dicho de otro modo, que pueda formarse un Gobierno nacionalista radical -aberriano-, con presencia del PNV y EA y apoyo en el Parlamento vasco de EH.

Todos estos partidos, según sostiene el Gobierno, llevan en sus programas el derecho de autodeterminación y defienden en textos como el Pacto de Estella o la Declaración de Barcelona que hay que buscar otras fórmulas para el Estado. El tema se complica para el Gobierno por el hecho de que sus socios de CiU hayan participado con agrado en dos de las escenas cuyo guión escribió el PNV con HB para llegar a la tregua.

Respecto a ETA, en el Gobierno se confía en que, pese a la literalidad del último comunicado, la organización terrorista haya renunciado ya a su programa máximo, que incluye, por ejemplo, la «reunificación de Euskal Herria», y se preparan a asumir una negociación sobre el futuro de los presos.

ETA ha evitado ya dar la imagen entre sus bases de bajada de pantalones al llevar la iniciativa al Gobierno.

El siguiente movimiento, dicen, ha de hacerlo ETA, y, tras las elecciones, hacer público otro comunicado o, de alguna manera, hacer llegar al Gobierno de qué manera se afronta el proceso, en qué mesas, con qué mediadores y sobre qué temas. Si ETA mantiene su tregua y confirma que no se trata de una macabra operación de imagen, el Gobierno está persuadido de que habrá que iniciar un largo y tortuoso camino, sin ningún paralelismo con el proceso que se vivió en el Ulster. Allí todo estaba por negociar y aquí hay menos margen de maniobra con respecto al autogobierno; allí había dos bandos y un mediador; allí había un líder con carisma en el Sinn Feinn y allí hubo una ministra que se remangó y fue a la cárcel a entrevistarse con los presos del IRA.

Antes, se resolverá la incógnita de saber qué ocurre con las vías de investigación abiertas y casi concluidas del sumario que provocó el cierre de Egin o con la declaración ante el juez Baltasar Garzón de Iñigo Iruin por este mismo sumario.

   

Una información de Fernando Garea publicada en EL MUNDO el domingo 20 de septiembre de 1998. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Proceso de paz, acto segundo: ETA mantendrá la tregua al menos durante los próximos seis meses

   

TRAS UN FUTURO SIN BALAS.- La organización terrorista pretende que la «segunda fase» marcada por el «Acuerdo de Estella» sufra los menores sobresaltos posibles, al margen de las dificultades intrínsecas de las conversaciones. Para ello, delegará su voz en quienes la han representado hasta el momento: Mikel Otegi, Iñigo Iruin y Rafael Díez Usabiaga. Eso sí, Mikel «Antza», responsable del aparato político de ETA, caracterizado por su dureza, mantendrá el hilo conductor de las negociaciones y estará informado del curso que tome el diálogo entre los partidos políticos.

SAN SEBASTIAN.- «Declarar una tregua unilateral, indefinida y sin condiciones significa que no puedes desdecirte al mes siguiente, que tienes que estar por lo menos seis meses sin pegar tiros y que, en ese tiempo, la gente se acostumbra a vivir sin violencia. Si después te ves obligado a volver, tienes que cargarte de razones y aun así, te abandonarán hasta los tuyos, que se han acostumbrado a otro modo de vida».

Quien refleja en voz alta los pensamientos de la cúpula de ETA es una persona que durante muchos años ha estado vinculada a la actividad de la organización. Y sus permanentes contactos le hacen estar convencida de que la oferta de alto el fuego tiene una difícil vuelta atrás. No duda de la sinceridad del ofrecimiento: «Es seria y tiene un punto de partida muy sólido porque se ha invertido la dialéctica». Hasta la fecha, ETA buscaba la acumulación de fuerzas en el campo militar: atentados y muertos. En esta ocasión, ha concentrado esfuerzos en el ámbito político: partidos, sindicatos y organizaciones sociales. «El proceso de paz puede tener altibajos, pero es irreversible tal y como se ha planteado», añadía.

No obstante, este abertzale cree que, en este camino en cuyo final puede vislumbrarse la paz, ETA teme a dos enemigos que lo pueden hacer peligrar. Por un lado, que se alargue sin que el Gobierno del PP adopte ninguna medida y entre en un lánguido desarrollo. El segundo riesgo es que se cambie la dialéctica demócratas versus violentos por la de constitucionalistas versus soberanistas, lo que haría inviable el desarrollo de lo que debe ser el proceso de paz.

Un proceso de paz en el que ETA no quiere perder la comba. Como en el Foro de Irlanda. A lo largo de estos meses de conversaciones que han conducido a la firma del Acuerdo de Estella, la organización armada ha tenido en sus manos el hilo conductor de la negociación en lo que respecta a la postura mantenida por Herri Batasuna. Iñigo Iruin, Rafa Díez Usabiaga y el nuevo portavoz del máximo órgano dirigente del partido independentista, Arnaldo Otegi eran los hombres que representaban al mundo abertzale.

Esta interlocución ha sido supervisada de manera permanente por el responsable del aparato político de los etarras, Mikel Albisu Mikel Antza, quien estaba constantemente informado del contenido de los encuentros bilaterales. Es más, la persona con la que este periódico estuvo conversando sobre este asunto concreto aseguró que el abogado de Herri Batasuna, Iñigo Iruin, estaba allí sin pertenecer a la Mesa Nacional tras obtener el permiso expreso de la dirección etarra, ya que de lo contrario su presencia hubiera sido desautorizada. Iñigo Iruin lleva, por lo menos, seis años cocinando una tregua con el portavoz del PNV, Joseba Egibar. El abogado donostiarra transmitía desde hace años al líder peneuvista un mensaje de Eugenio Etxebeste Antxon, en Santo Domingo, en el que se aseguraba que ETA haría público un alto el fuego de seis meses. Ese cese de la actividad armada no llegó nunca y Antxon fue trasladado a una cárcel de Madrid en julio del año pasado. Paradójicamente, cuando menos viable parecía la oferta de distensión, ésta ha llegado y en forma sorprendente: unilateral e indefinida.

SEGUNDA FASE: ETA delegará en los negociadores de HB

Al parecer, ahora, en el presumible inicio de la segunda fase, el Gerry Adams vasco continuará siendo ETA como ente colectivo, aunque representado por las mismas personas que lo han hecho hasta ahora. En el mundo abertzale no existe la persona vinculada a los milis (ETA militar) en 1968 y que en este momento esté en la dirección de HB. Lo más cercano, Arnaldo Otegi, su actual portavoz, que en su juventud perteneció a los polimilis (ETA político-militar).

ETA personificará nuevamente su representación en los tres interlocutores que han llevado a cabo las conversaciones bilaterales. La organización terrorista no desea interferir en la buena marcha del proceso, por lo que no tiene la intención de introducir a ninguno de sus miembros en los futuros encuentros. Según las fuentes que informaron a este periódico, la organización armada podría, por ejemplo, colocar a Mikel Antza, que no tiene ninguna causa judicial pendiente. La única inculpación posible sería la de pertenencia a banda armada, (la misma que pesa sobre Josu Ternera y Eugenio Etxebeste, los anteriores responsables del aparato político), pero demostraría, en opinión de estas fuentes, la mala intención del Gobierno. Sin embargo, ETA no desea provocar ninguna posibilidad de ruptura por lo que permanecerá, formalmente, al margen, en caso de que la respuesta gubernamental sea positiva.

Siete meses de conversaciones entre partidos, años de colaboración permanente entre las centrales sindicales ELA y LAB, años de trabajo de Elkarri y otros movimientos sociales y la colaboración de la Iglesia vasca culminaron el pasado día 12 con la firma, en la localidad navarra de Estella, del acuerdo que lleva su nombre.

Los cuatro partidos políticos (PNV, HB, EA e IU) y una veintena de sindicatos y colectivos vascos se congregaron en torno al denominado por ellos mismos Foro de Irlanda. Su finalidad era la de conseguir encontrar una salida a la situación de violencia que se vive en el País Vasco frente a la, en su opinión, inoperancia de la Mesa de Ajuria Enea que «no trataba de hallar una solución sino que se limitaba a constatar la existencia del terrorismo en espaciadas declaraciones retóricas», según manifestó a EL MUNDO un integrante de este colectivo.

FORO DE IRLANDA: Con los ojos puestos en la negociación del IRA

Como es sabido, el documento suscrito, cuyo esqueleto fue elaborado por Joseba Egibar e Iñigo Iruin, plantea un proceso de negociación dividido en dos fases de diálogo, abierto y sin exclusiones. Una, preliminar, en la que se establezcan conversaciones multilaterales que no exijan condiciones previas infranqueables. La segunda, resolutoria, se realizaría en unas condiciones de «ausencia permanente de todas las expresiones de violencia».

El Acuerdo de Estella fue, en palabras de uno de los integrantes del Foro: «El último acto de la fase previa», el precedente al inicio de la fase de negociación.

El Foro de Irlanda, que copió de la república atlántica no sólo el nombre, trataba de hacer llegar un mensaje a ETA para que decretara una tregua, y otro al Gobierno, al PP y al PSOE para que admitiera un final dialogado de la violencia.

La organización terrorista, perfectamente coordinada con los pasos dados por su representación política, decretó el alto el fuego cuatro días después de la firma del documento para que éste fuera viable.

La virtualidad de ese acuerdo, consensuado con anterioridad al día 12 y firmado físicamente entre las banderas de Irlanda y la enseña vasca, es que HB asume por primera vez que se puede producir un alto el fuego de ETA sin las exigencias recogidas en la Alternativa Democrática. Otra novedad es que la organización terrorista no plantea el reconocimiento del derecho de autodeterminación como paso indispensable para una negociación. De hecho, el Acuerdo de Estella no fija exigencias al Gobierno, ni a ningún partido, y como algo inédito admite que para resolver el problema es necesario que la violencia desaparezca del escenario político.

De Irlanda han copiado casi todo en la fase final de este proceso menos dos cuestiones, que atascaron un tiempo la pacificación en el Ulster. La exigencia de un alto el fuego permanente estaba incluida en la Declaración de Downing Street que abrió el proceso de paz irlandés. En el País Vasco, los firmantes sabían que ETA iba a declarar una tregua porque así lo habían asegurado los representantes de HB. Esta convicción favoreció, en gran medida, la celeridad en la toma de decisiones para llegar al acuerdo.

El otro escollo en el que se empeñó Mayor y que desencasquilló Tony Blair fue la petición de la entrega de la armas. Esta exigencia hizo que el IRA reiniciara su actividad terrorista. Retirada por Blair, comenzó el proceso de paz.

También imitaron a los irlandeses en firmar, en primer lugar, un acuerdo entre nacionalistas. En este caso, IU sería la representación de los grupos no confesionales que suscribieron el acuerdo irlandés.

El proceso que culminó el pasado día 12 comenzó en el invierno de 1997 con la anterior Mesa Nacional de HB, actualmente encarcelada por colaborar con ETA en la elaboración de un vídeo electoral.

El partido independentista hizo llegar a sus homónimos nacionalistas su intención de cambiar de estrategia y tratar de desarrollar más cintura política, sustituyendo la confrontación permanente a la que les obligaba la Ponencia Oldartzen (algo parecido a un documento congresual). Advertían de que la decisión era seria y que no variaría tanto si eran condenados como si no lo eran. El encarcelamiento retrasaría el cambio, pero no lo frenaría, indicaban.

Así pues, contrariamente a lo que se ha dicho, el giro en HB no se produce con la llegada de la nueva Mesa Nacional sino con la anterior, porque así lo ordenó en ese momento la dirección política de la izquierda abertzale, ETA.

Tras la entrada en prisión de los 24 dirigentes condenados por el Tribunal Supremo, ETA trunca una manifestación convocada por ELA, LAB y Elkarri en contra de esta decisión judicial. La organización terrorista quiere demostrar que ella es quien marca la línea política del MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasco) y para ello asesina al concejal de UPN en Pamplona, Tomás Caballero. Evidentemente, obliga a desconvocar la acción de protesta, que se celebrará, con escasa repercusión, en otra fecha posterior.

Sin embargo, ni este atentado mortal, ni el de un guardia civil en Vitoria, ni el del concejal popular en Rentería, Manuel Zamarreño, contrariamente a lo sucedido en otras ocasiones, rompieron las conversaciones bilaterales que mantenía HB con los otros partidos integrantes del Foro. Esto hizo pensar a ETA que, en esta ocasión, los partidos nacionalistas vascos e IU iban en serio.

ETA, por su parte, aguantó estoicamente el cierre de Egin, la desarticulación de la trama financiera y la muerte de Inaxi Zeberio en la acción policial acometida por la Ertzaintza para desarticular el comando Bizkaia.

Así pues, el Acuerdo de Estella es la culminación de un diálogo blindado que ha resistido atentados de ETA, acciones contra la organización terrorista y la presión de los sectores más duros del MLNV.

ETA ha avalado en todo momento el trabajo de su brazo político, un dato que conocían los demás partidos, por lo que 10 meses han sido suficientes para que HB sustituya a su Mesa Nacional, rompa el aislamiento político, exprese su voluntad de cambio y llegue a un acuerdo con nacionalistas e IU. El partido independentista transmitió a sus interlocutores que la izquierda abertzale se había convencido de algo que llevaban años diciendo PNV y EA: que la estrategia armada debilita la reivindicación nacionalista.

PNV: La «Declaración de Barcelona» y las embajadas extranjeras

El PNV ha sido una pieza fundamental en la consecución de la firma del Acuerdo de Estella y de la posterior tregua de ETA, que ha propiciado el esperado espaldarazo de la Iglesia vasca y la rúbrica, en breves días, del CDN, el partido del ex presidente navarro Juan Cruz Allí.

Este aseguró en su momento que se sumaría al proceso siempre que la organización terrorista decretara un alto el fuego. Para los nacionalistas vascos, la subida al tren del Acuerdo de Estella de esta formación política es muy significativa.

El portavoz peneuvista, Joseba Egibar, aseguraba ayer que llevaba ocho años detrás del pacto: «Desde la autovía de Leizarán», decía.

Ciertamente lleva esos años en contacto con la izquierda abertzale, tratando de lograr que ETA decrete un alto el fuego. Esto le ha supuesto hacer de malo de la película, aunque al final, para él, haya valido la pena.

La fase final de este proceso, que ha culminado con el alto el fuego unilateral e indefinido, ha sido muy intensa pero muy breve. El repunte final tuvo lugar en la primera semana de agosto y el 12 de septiembre se puso la pista de aterrizaje a la tregua de ETA con la Declaración de Estella.

Durante todo este tiempo, el Gobierno, el PP y el PSOE han permanecido al margen del proceso, aislados, y con la mayoría de los canales de comunicación cortados. La incomunicación es consecuencia del bloqueo, en marzo pasado, de la Mesa de Ajuria al rechazar de plano el documento presentado por el lehendakari Ardanza para buscar una salida al problema de la violencia. Los contenidos de aquel escrito eran muy parecidos a los que se aprobaron en Estella.

Ante esta postura, PNV, EA e IU decidieron que el Pacto de Vitoria quedaba en vía muerta y que debían avanzar en otros foros. Esta apreciación no fue secundada ni por el PSOE ni por el PP, por lo que quedaron al margen de esta iniciativa. «Fueron invitados a participar, pero rechazaron la oferta», según los firmantes. Ese camino marcó un importante punto el 12 de septiembre en la localidad navarra de Estella.

Paralelamente a este proceso, el PNV, CiU y BNG, en representación de los nacionalismos periféricos, firmaron el pasado 17 de julio la llamada Declaración de Barcelona en la Ciudad Condal.

Advertían al PP y al PSOE que la segunda Transición ya ha empezado y para conseguirlo han establecido un órgano de coordinación permanente que se ocupará de aquellos asuntos que conciernen al desarrollo del carácter plurinacional del Estado.

Después llegó el Acuerdo de Estella y, el mismo día en que se festejaba en el País Vasco la declaración de la tregua etarra, estas tres formaciones políticas se reunieron en Vitoria para reiterar su deseo de que el Gobierno cambie el marco jurídico político por otro que haga realidad que España es un estado plurinacional.

En este deseo de que se modifique el marco jurídico, los nacionalistas periféricos coinciden con los integrantes del Foro de Irlanda.

Según las fuentes que informaron a EL MUNDO, nada de esto es casual. El PNV tenía perfectamente planificadas todas las secuencias en el tramo final de la escenificación, desde la intensificación de las negociaciones con HB, de lo que debe ser el futuro político nacional. Un futuro en cuyo planteamiento, en líneas generales, coinciden con los nacionalistas catalanes. La presencia casi exótica de BNG en la Declaración de Barcelona se debe al deseo de esta formación de acercarse a los nacionalistas moderados para borrar su imagen anterior de partido radical e incapaz de gestionar bien.

Y, en ese intento de no dejar nada al albur, el PNV pensó incluso en la política de Exteriores. Un representante de los nacionalistas vascos tuvo el encargo de contactar con las embajadas de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Irlanda para comunicarles la proximidad de la tregua. De ahí su rápida reacción. En algunos casos, más rápida que la del Gobierno de la nación.

Una información de Carmen Gurruchaga publicada en EL MUNDO el domingo 20 de septiembre de 1998. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Así se negoció la tregua

  

Doce reuniones en siete meses entre el PNV y HB han desembocado en el alto el fuego de ETA

Pocos días antes de que la Mesa Nacional de HB ingresara en prisión, entre el 5 y el 6 de diciembre del año pasado, su responsable de organización, Rufi Etxeberria, se entrevistó con el portavoz del PNV, Joseba Egibar. Etxeberria acudió a la cita acompañado del dirigente más duro de la dirección abertzale, José María Olarra. Egibar se presentó con Juan María Ollora, el ideólogo de su partido, defensor a ultranza de la salida dialogada al problema de la violencia, y Gorka Aguirre, el máximo conocedor en el PNV de los entresijos de ETA y sus presos.

Rufi Etxeberria comunicó a la delegación del PNV que el ingreso en prisión de la Mesa Nacional de HB -de cuya inminencia no tenía duda- no iba a obstaculizar el diálogo que sus sucesores estaban dispuestos a emprender. Pidió a los peneuvistas que se pusieran en contacto con ellos para iniciar las conversaciones. Además, le dijo a Egibar que en HB se había producido un giro y que la organización había decidido abandonar la práctica de la ponencia Oldartzen. Este documento implantó en 1995 la política de desestabilización, combinando la violencia callejera con los atentados selectivos de ETA, para forzar una negociación con el Gobierno. Ahora, explicó, los abertzales querían iniciar conversaciones con el PNV y otras fuerzas vascas para buscar iniciativas comunes. Ninguno de los presentes sabía que estaban iniciando un proceso que, tras una docenas de reuniones, saturadas de llamadas telefónicas, culminaría con una tregua de ETA.

Los miembros de la Mesa Nacional de HB estaban convencidos de que la política de desestabilización, mantenida con intensidad desde 1995, les había conducido al annus horribilis de 1997. Fueron 12 meses que empezaron con el encarcelamiento de la Mesa Nacional durante 90 días, ante la indiferencia de sus bases, y con su humillante y, para las bases, polémica salida de la prisión tras el pago de una fianza. Pero el punto álgido de su mala racha lo marcan la liberación por la policía de José Antonio Ortega Lara del inhumano zulo de Mondragón y el asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco. Estos dos acontecimientos desencadenaron las manifestaciones masivas de indignación que dejaron acorralado al brazo político de ETA.

Egibar, Ollora y Aguirre recibieron con escepticismo los planteamientos de Etxeberria, Olarra y Aoiz. El encuentro se llevó a cabo gracias a los oficios del abogado Iñigo Iruin, ex dirigente de HB, con quien Joseba Egibar mantenía contactos esporádicos desde que en 1992 sostuvieron unas conversaciones finalmente frustradas.

El encarcelamiento, pocos días después, de la Mesa Nacional de HB desencadenó una despiadada respuesta de la organización terrorista contra los concejales del Partido Popular. Se inició el 12 de diciembre con el asesinato del edil de Rentería José Luis Caso. A este primer atentado siguieron los de Zarautz y Sevilla, en el mes de enero. El panorama no permitía albergar optimismo respecto al apoyo de la banda hacia los planes que los dirigentes ahora encarcelados de HB habían adelantado al PNV.

Además, en esos momentos el PNV estaba jugando en otro frente. Temía que las impresionantes movilizaciones de indignación desencadenadas por el asesinato de Miguel Ángel Blanco afectaran a todo el nacionalismo y provocaran su retroceso electoral. El partido de Arzalluz consideró que debía tomar la iniciativa. En un encuentro celebrado en La Moncloa el 16 de enero, el lehendakari Ardanza presentó al presidente del Gobierno, José María Aznar, un plan de pacificación que tenía intención de exponer en la Mesa de Ajuria Enea. Para ello necesita el concurso de los dos partidos nacionales, el PP y el PSOE. El plan de Ardanza consistía en abrir un diálogo político sin límites entre los partidos vascos, aunque especificaba que debía estar precedido de una tregua indefinida de ETA. Los acuerdos tendrían finalmente que ser ratificados por el Parlamento y el Gobierno centrales.

Pero Aznar, y también el PSOE, rechazaron el plan. No les gustaba que los partidos vascos abriesen un diálogo que pudiera desbordar la Constitución, y menos aún que sus conclusiones se impusieran al Gobierno y al Parlamento. Además, consideraban que era negativo moverse sin que ETA hubiera dado ningún paso. El rechazo del plan dejó al PNV las manos libres para iniciar sus conversaciones con HB. El propio Xabier Arzalluz se lo comunicó a José María Aznar en febrero. Éste le contestó, con su laconismo habitual: «Avísame si consigues llenar la piscina».

Mientras tanto, en la izquierda abertzale los acontecimientos se producían tal y como había adelantado Rufi Etxeberria a Joseba Egibar en diciembre. A pesar de la ofensiva etarra contra los concejales del PP, Arnaldo Otegi se puso en contacto con Joseba Egibar nada más ser elegido portavoz de la nueva Mesa Nacional de HB, a finales de enero.

Un mes después se celebró la primera reunión entre las delegaciones del PNV y HB. Fue el 26 de febrero, en la sede de la organización abertzale de Vitoria. Por el PNV acudieron Ollora, Aguirre y Egibar. Les esperaba una sorpresa: en representación de HB, junto a Arnaldo Otegi se sentaba Iñigo Iruin, su interlocutor de 1992. Iruin había sido depurado por la anterior Mesa Nacional de HB al discrepar abiertamente con la ponencia Oldartzen, que tan desastrosos resultados había producido a la organización.

Era un buen augurio. Aquella presencia fue para Egibar el primer indicio de que la voluntad de renovación por parte del nuevo portavoz de HB podía ir en serio. La voluntad del PNV quedó patente con la instalación de una unidad de élite de la Ertzaintza para proteger las reuniones de posibles espionajes.

El primer encuentro fue positivo. Los interlocutores decidieron la continuidad de las sesiones y confeccionaron una agenda y un calendario. Arnaldo Otegi, el único que no era conocido por sus interlocutores del PNV, mostró un talante abierto, en las antípodas del que tenía su predecesor, Floren Aoiz. Acordaron reunirse cada tres semanas, aproximadamente, y celebrar las sesiones en sedes alternas. Pero hubo algo más: la delegación de HB planteó a la del PNV, previamente y sin tapujos, que esas reuniones no eran el marco adecuado para discutir o plantear una tregua de ETA, sino el lugar propicio para crear las condiciones que invitaran a la banda a decretarla. HB pidió, en definitiva, ser tratada como una organización política, autónoma de ETA, y no como el brazo de la banda armada. La delegación del PNV aceptó ese compromiso.

Egibar, Ollora y Aguirre recordaron a sus interlocutores el plan Ardanza de pacificación, que en ese momento ya había sido prácticamente rechazado por el Gobierno y el PSOE. Pero los representantes de HB dijeron que no les gustaba, no tanto por su contenido como por haber sido promovido por el lehendakari. Según ellos, Ardanza representaba otra época: la de los pactos antiterroristas de Ajuria Enea. «Estamos en condiciones de demostrar que, como fruto de un trabajo conjunto, se pueden obtener mucho mejores resultados que en la Mesa de Ajuria Enea», manifestaron.

Sin embargo, admitieron que parte de la metodología del plan podía aprovecharse. Discrepaban de que el proceso pudiera contar con el visto bueno del Gobierno. No obstante, el Ejecutivo del PP ya había eliminado ese problema al haberlo rechazado de forma despectiva a través de su entonces portavoz, Miguel Ángel Rodríguez, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

HB y PNV coincidieron en la necesidad de seguir el modelo irlandés de pacificación, iniciado con las conversaciones entre John Hume, representante del nacionalismo moderado, y Gerry Adams, del Sinn Feinn, la rama política del IRA, y basado en la consecución previa de un acuerdo entre nacionalistas para trasladarlo después a los partidos no nacionalistas. Los abertzales plantearon que el acuerdo debía tener en cuenta el «enganche» de Navarra con la comunidad vasca y un nuevo marco político para Euskadi que superase el Estatuto de Gernika.

El modelo irlandés suponía un importante giro en los planes de ETA, que debía asumir su marginación de un proceso negociador protagonizado en exclusiva por los partidos nacionalistas. Otegi e Iruin sabían que este hecho marcaba un hito: hasta entonces, en las dos únicas propuestas de diálogo existentes (la de Argel, en 1989, y la de junio de 1996), fueron el Gobierno y ETA los interlocutores.

Los enviados del PNV y de HB no volvieron a verse hasta mediados de marzo. En su segunda reunión, celebrada en una sede peneuvista, los de HB plantearon el «blindaje» de las conversaciones para garantizar su continuidad: Otegi e Iruin propusieron que el PNV aceptara que ningún acontecimiento externo influyera en las conversaciones. Ni los atentados de ETA ni las actuaciones policiales contra ETA. Ambos insistieron en defender su autonomía respecto a la organización terrorista y afirmaron que esta condición podía contribuir a demostrarla.

Por esas fechas, la sucesión de asesinatos, en diciembre y enero, de los concejales del PP José Luis Caso, de Rentería; José Ignacio Iruretagoyena, de Zarautz, y Alberto Jiménez-Becerril y su esposa, en Sevilla, habían creado una fuerte tensión política. Pese a ello, el PNV aceptó el «blindaje». A cambio pidió absoluta discreción sobre las conversaciones. Al carecer de garantías de que ETA fuera a relajar su presión armada, temía que la publicidad de sus contactos con HB podría someterlo a una tensión insoportable con el Gobierno y las demás formaciones.

Ésta fue la reunión en la que salieron a relucir por vez primera abiertamente los viejos recelos entre PNV y HB, recrudecidos desde 1995 por los ataques sistemáticos de los jóvenes de Jarrai (las Juventudes de HB) a las sedes del PNV, en aplicación de la doctrina Oldartzen. Y por la respuesta que a estos ataques daba la Ertzaintza, dirigida por el consejero del Interior del Gobierno Vasco, Juan María Atutxa, del PNV. Se plantearon abrir un periodo de distensión en la guerrilla urbana. Pero, sobre todo, se enfrascaron en analizar qué gestos e iniciativas políticas conjuntas podían adoptar para generar confianza entre las dos formaciones.

Fue la tercera reunión, celebrada en abril en una sede de HB, en la que comenzaron a perfilarse lo que las dos partes denominan «coincidencias parlamentarias» y que fueron el método elegido para disipar la desconfianza e ir ganando a las bases para el proceso. Ambas delegaciones concretaron entonces la adopción de iniciativas conjuntas sobre el acercamiento de presos de ETA a las cárceles vascas y acordaron la celebración de una manifestación conjunta con motivo del Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca). Se celebró el 13 de abril en Cambó, al sur de Francia, en respuesta al llamamiento de Abertzaleen Batasuna (AB), la formación equivalente a HB en el sur de Francia. Acudieron el PNV, HB, Eusko Alkartasuna (EA) y los sindicatos nacionalistas ELA-STV y LAB, este último afín a HB.

Paralelamente, fueron tomando cuerpo iniciativas promovidas por nacionalistas independientes y militantes del PNV y de HB. Trataban de crear un clima social favorable al acercamiento de los presos vascos. En este empeño, que siempre contó con el apoyo del obispo de San Sebastián, José María Setién, también participa el obispo de Bilbao, monseñor Blázquez.

También se produjeron iniciativas institucionales. El PNV reactivó en el Parlamento Vasco la Comisión de Derechos Humanos, cuyo presidente, el nacionalista José Antonio Rubalcaba, apoyado por el PNV, HB, EA e UI-EB, se trasladó al Tribunal de Estrasburgo con una denuncia sobre la violación de los derechos de los presos de ETA. Su rechazo cantado importó menos que su simbolismo, en la carrera por limar asperezas y demostrar confianza mutua. Esta política de gestos se siguió diseñando en las reuniones celebradas en mayo. El portavoz del PNV, Joseba Egibar, declaró públicamente que el proceso autonómico estaba agotado.

Sospechosamente callada desde febrero, ETA también inició una política de gestos. En un comunicado fechado el 30 de abril manifestó que vislumbraba «cambios de calado» en la situación del País Vasco. Pero, a su vez, reprochaba al PNV que mantuviera sus pactos con el Gobierno del PP y con el PSOE, «los colegas del GAL y del Cesid». ETA lanzó también un aviso premonitorio: «El PNV tendrá que salir de esa encrucijada. No le han faltado ni le faltarán oportunidades».

Una semana después de su aviso, ETA asesinó al concejal de Pamplona Tomás Caballero, de UPN-PP, y, dos días más tarde, al guardia civil de Vitoria Alfonso Parada. Así la banda armada puso a prueba al PNV en su compromiso de mantener el «blindaje» de las conversaciones.

Joseba Egibar recuerda ahora que aquél fue para el PNV el momento más difícil de las conversaciones. Al ser ya público su diálogo con HB, llovieron las presiones sobre la dirección de su partido. Pese a todo, el mismo día en que fue asesinado Caballero, Egibar garantizó por teléfono a Iñigo Iruin que no iban a interrumpir las conversaciones. La consolidación del «blindaje» y la participación del PNV en las iniciativas conjuntas con HB supusieron para Arnaldo Otegi e Iñigo Iruin la prueba inequívoca de que el partido de Xabier Arzalluz apostaba decididamente por las conversaciones.

Arnaldo Otegi convocó el 30 de mayo la Asamblea Nacional de HB en Vitoria y consiguió el refrendo de las bases de la coalición para su política de conversaciones con el PNV, que hasta entonces era seguida con recelos indisimulados y en algunos casos con abiertas críticas desde los sectores juveniles de HB.

Sólo siete días después, el 6 de junio, la Ertzaintza detuvo al comando Vizcaya de ETA, y en el enfrentamiento murió la activista Ignacia Ceberio. Pese a que el propio interlocutor en las conversaciones con el PNV, Arnaldo Otegi, portó el féretro de la etarra muerta, como gesto interno de identificación con ETA, HB mantuvo los contactos. Claro que no faltó el reproche en la siguiente reunión, celebrada en junio. Del mismo modo que la delegación peneuvista había planteado previamente que los asesinatos de ETA situaban a su partido en una posición dificilísima.

Sin información en el Gobierno

Algunos de estos movimientos no pasaron inadvertidos para el Gobierno y los partidos nacionales. Los canales habituales del PNV con el Ejecutivo se limitaron a confirmar que seguían las conversaciones, pero no dieron más información sobre su desarrollo. El 6 de junio, el ex presidente del Gobierno Felipe González advirtió de la posibilidad de una tregua de ETA para antes de las elecciones vascas. Dos días antes, el ministro del Interior, Jaime Mayor, se reunió con una delegación socialista integrada por Joaquín Almunia, José Borrell y Juan Alberto Belloch.

En la reunión ninguno de los interlocutores disponía de datos precisos de las conversaciones entre el PNV y HB. Coincidieron en mostrar su preocupación por la actitud del partido de Xabier Arzalluz, que daba muestras públicas de su alejamiento del Pacto de Ajuria Enea y de su aproximación a HB, pese a que continuaban los atentados de ETA. Mayor y la delegación socialista acordaron la conveniencia de coordinar esfuerzos para atraer al PNV al Pacto de Ajuria Enea, pero no dieron ningún paso efectivo. Mientras tanto, PNV y HB intensificaron su política de «coincidencias parlamentarias». En las reuniones de mayo y junio, decidieron coordinar su política lingüística. El 17 de junio, el Gobierno vasco incorporó a HB en la negociación del Plan del Euskera.

A la política de «coincidencias parlamentarias» también se unieron Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida (IU). Estos partidos mantenían, a su vez, contactos bilaterales con HB. Todos acordaron extender su política a nuevos sectores. Así pactaron la ley vasca del deporte, que confiere rango internacional a las selecciones deportivas vascas. También votaron la reforma del reglamento del Parlamento Vasco que evita el acatamiento de la Constitución. Como consecuencia de esta última decisión, el Partido Socialista de Euskadi abandonó el Gobierno vasco.

El 20 de junio se constituyó el Foro de Irlanda, impulsado por las conversaciones entre el PNV y HB, en el que se integraron, además de EA e IU, numerosas organizaciones del MLNV. Fue una iniciativa de HB, con la que trataba de arropar las conversaciones bilaterales.

Tras su constitución, ETA cometió el que hasta hoy es su último asesinato, el del concejal del PP en Rentería Manuel Zamarreño. Sin embargo, en la banda ya estaba calando la necesidad de un alto el fuego que protegiera el acuerdo que se perfilaba a través del Foro de Irlanda. La necesidad de una tregua era acuciante para el PNV y HB, que la necesitaban antes de las elecciones vascas.

El cierre de Egin, el 15 de julio, ordenado por el juez Baltasar Garzón, fue el empujón final. Unos días después, Iñigo Iruin, en su calidad de abogado del diario, se entrevistó con el juez en el despacho de éste en la Audiencia Nacional. Iruin le preguntó a Garzón si estaba dispuesto a ilegalizar a HB. El juez sonrió por toda respuesta. El abogado quedó convencido de que tal cosa podía suceder antes de las elecciones vascas. Al conocer su opinión, la dirección de HB precipitó la reconversión de sus siglas en una nueva coalición electoral, Euskal Herritarrok (EH). ETA transmitió, a través de KAS, que ya se había decantado por el alto el fuego para facilitar apoyos al nuevo proyecto.

El frenético agosto que vivió HB desembocó en el anuncio oficial, el miércoles, de una tregua indefinida a partir del viernes. El anuncio se aceleró unos días por una filtración a la BBC.

El Gobierno no tuvo conocimiento de la inminencia de la tregua hasta el pasado fin de semana. Desde abril, cuando se descubrieron las escuchas telefónicas en la sede de HB de Vitoria, la información del Cesid había quedado muy mermada. En Moncloa se enteraron por los servicios del Ministerio del Interior. No pensaban que sería inminente. Según su información, sería declarada en quince días, pero en ningún caso antes de este fin de semana. El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, sin embargo, manifestó el miércoles por la tarde a unos concejales riojanos del PP que ése iba a ser un buen día para ellos.

Jaime Mayor se mostró escéptico sobre el alcance de la tregua. Según sus datos, ETA mantendría sus comandos en vigilancia activa, en previsión de un regreso a la actividad armada tras las elecciones vascas. El ministro no sabía que la organización terrorista iba a dirigir su propuesta a los partidos vascos y no al Gobierno.

Mayor tuvo que notificar el anuncio de tregua indefinida por teléfono al presidente del Gobierno, José María Aznar, que se encontraba de viaje en Perú. También habló telefónicamente con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, que le animó a que actuara conjuntamente con el PSOE. Conversó la misma mañana del jueves con el secretario general socialista, Joaquín Almunia, y con el candidato, José Borrell.

El Gobierno tuvo que corregir sobre la marcha sus primeras declaraciones debido al inesperado alcance de la tregua y abrir, dentro del escepticismo, un portillo a la esperanza. «No seré insensible» a las expectativas, dijo Aznar el jueves desde Perú.

La manera en que ETA ha materializado la tregua ha colocado en una situación relativamente cómoda al ministro del Interior, en la medida que la banda armada no la ha hecho depender de una exigencia al Gobierno, como sucedió en sus anteriores anuncios de 1989 y 1996. ETA condiciona el mantenimiento de la tregua a la marcha de las conversaciones del bloque nacionalista vasco. Traslada, en un primer momento, su responsabilidad al comportamiento del PNV.

La estrategia del Gobierno consiste en exigir a la organización terrorista que ofrezca pruebas de que mantendrá su alto el fuego más allá de las elecciones vascas del 25 de octubre. En ese momento se despejará la duda de si ésta es una trampa destinada exclusivamente a ofrecer una inyección de apoyo electoral a los partidos nacionalistas, como teme el Gobierno, o si ETA tiene voluntad real de mantener la tregua indefinidamente.

La prueba de las elecciones

El comunicado de ETA no despeja ninguna duda en este sentido. El Gobierno y los partidos nacionales creen que su retórica política es inaceptable. Plantea la internacionalización del conflicto, al introducir a Francia; pide a los partidos vascos que rompan sus amarras con «Madrid y París», y propone un proyecto exclusivamente nacionalista para el País Vasco. No obstante, interpretan que esta retórica maximalista puede tener una clave interna: tranquilizar a los sectores del MLNV más reacios a la tregua y partir de las posiciones más extremas a la hora de abordar una negociación.

El plazo hasta las elecciones vascas da un respiro al Gobierno y a los partidos nacionales para afinar su estrategia. El Ejecutivo cuenta con una carta de negociación, los 600 presos de ETA. Incluso no se descarta que haga algún gesto de distensión, como el traslado de algunos presos a las cárceles vascas en un plazo breve. Otro gesto es su voluntad de no pasar en estos momentos a la ofensiva policial, frenando algunas iniciativas contra el entorno financiero de ETA.

Pero esta estrategia se consolidará tras la ronda de conversaciones que tiene previsto iniciar el presidente del Gobierno, José María Aznar, en las próximas horas con los partidos democráticos, y que empezará con el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia. Los socialistas son partidarios de intentar el consenso más amplio entre los partidos del bloque democrático, incluido el PNV, y adoptar una iniciativa común ante la tregua.

¿Y qué piensa el PNV? El PNV se guarda las cartas que puede jugar hasta las elecciones vascas, aunque su mirada está puesta en las conversaciones con HB, cuyo primer gran éxito ha sido la tregua de ETA. Su apuesta dependerá en buena parte de los resultados electorales, del ascenso o descenso relativo del bloque nacionalista, muy igualado en votos al no nacionalista. Probablemente le corresponda al hoy vicelehendakari y candidato del PNV a la presidencia, Juan José Ibarretxe, la responsabilidad de formar Gobierno. Ésa será la hora de la verdad, la de la apuesta por el frente nacionalista, que trata de forzar un marco superador del modelo autonómico, o por la pluralidad existente desde 1987, compartiendo gobierno con los no nacionalistas. También es una incógnita el comportamiento de ETA a partir de ese momento.

   

Una información de Genoveva Gastaminza y Luis R. Aizpeolea publicada en EL PAIS el domingo 20 de septiembre de 1998. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.

Una tregua histórica: la negociación secreta

   

La tregua unilateral e indefinida de ETA que se hizo pública el pasado miércoles por la noche costó un largo proceso. Incluso a última hora hubo una maniobra destinada a pinchar el globo, con un comunicado falso que se atribuyó a ETA en el que se hablaba de tregua de un mes y de las condiciones de siempre. Aunque el lenguaje no fue creíble ni para Arnaldo Otegi, el portavoz de HB, al que se lo mandaron por fax, ni para Joseba Egibar, su homólogo del PNV, que se hartó de desmentirlo incluso a correligionarios próximos.

Se supo con certeza que habría tregua el sábado, 12 de septiembre, a las 12 del mediodía, en Lizarra, topónimo vasco que se traduce Estella. Costó reunir a los especialistas periodísticos, quizá porque era fin de semana y el colectivo convocante respondía al nombre de Foro de Irlanda, ante una opinión pública cansada de repetir que entre el Ulster y Euskadi no había absolutamente nada en común.

Al día siguiente, "La Vanguardia", que estuvo allí, tituló "PNV, EA, IU y HB firman un texto que puede permitir una tregua de ETA". Faltaban exactamente 96 horas para que la tregua fuera una realidad, y como la contraofensiva estaba activada, costó de creer. La noticia saltó a través de la BBC, a mediodía del miércoles pasado. No la creyó José Félix Azurmendi, director de Radio Euskadi, antiguo director de "Egin", porque ni en la misma BBC se la confirmaron. Sí la confirmó la agencia Vasco-Press por medio de una fuente segura de HB, pero se dudó porque no es por ese medio, que tuvo en su equipo al actual jefe de prensa del Ministerio del Interior, que HB o ETA se expresan en los momentos de máxima importancia.

Esa tarde, los dirigentes de HB estaban todos "missing", lo cual era sospechoso de reunión en la cumbre. No funcionaban los "teléfonos rojos" para casos de urgencia ni siquiera en buzón de voz, ni estaba localizable Jon Idígoras, que no suele moverse de casa, donde guarda reposo por su enfermedad mientras escribe sus memorias.

Sólo a las nueve y media, en plena media parte del partido en el que el Athletic de Bilbao debutaba en competición europea, hubo confirmación indirecta de que se cocía algo importante. HB convocaba una selectiva rueda de prensa para el día siguiente, a las seis de la tarde, dando dos claves: que el tema era importante pero que no iban a anunciar nada. Es decir, ya estaría anunciado. Llegó ese anuncio dos horas después, cuando el diario "Euskadi Información" transmitía su portada del día siguiente con el comunicado de la tregua. España supo, de paso, que "Egin" había resucitado a la mañana siguiente de su muerte, con cambio de nombre pero con uno de sus periodistas más bregados y mejor informados al frente, Martín Garitano.

El PNV decidió incrementar la vía de diálogo entre fuerzas nacionalistas cuando vio fracasar, en el último minuto, el plan de paz del lehendahari Ardanza, el pasado 17 de marzo. Ardanza atribuyó que no se firmara el último documento pasado a rubricar en la mesa de Ajuria Enea a "los intereses bastardos" del PP y "la cobardía" del PSE. Pero no se resignó a terminar su último mandato sin alcanzar una paz por la que ahora todo el mundo le despide con "zorionak", felicidades.

Los primeros pasos

Todo había empezado mucho tiempo atrás, a un año vista como mínimo, pero con muchos precedentes previos. El primer paso hacia Lizarra lo dio un sector del PNV, en aquel momento no todo, aunque con la bendición de Xabier Arzalluz: el economista Juan MaríaOllora, que fue diputado general de Álava; el portavoz del PNV y diputado, Joseba Egibar, y el miembro del Euskadi Buru Batzar Gorka Aguirre, por lo demás sobrino del lehendakari Agirre y hombre de los que siempre es escuchado por Arzalluz.

Juan María Ollora teorizó sobre el eventual proceso de pacificación del País Vasco en un libro titulado simbólicamente "Una vía hacia la paz", aunque la tentativa se quedó familiarmente en "la vía Ollora". En ese libro, se habla de que para resolver el conflicto "es imprescindible no caer en la orgía de la condena repetida y sesgada", se postula "la legitimidad del otro" y se aboga por no usar el vocablo "terrorismo" en alusión a ETA. Decía también Ollora que, caso de seguir persiguiendo soluciones sólo a partir de la represión, el problema se enquistaría en "empate infinito". Y daba cuenta de sus viajes de prospección a Palestina, Irlanda y Quebec.

Más allá de lo simbólico, la misma editorial que publicó el volumen de Ollora en 1996, Erein, editó un año después el ensayo del doctor Ramon Zallo "Euskadi o la segunda transición", que puede ser una de las fuentes de soporte teórico al análisis de ETA y de HB, que habla palabra por palabra de "segunda transición", en alusión a que la primera se cuestiona en estos sectores en tanto su resultado constitucional no fue refrendado en el País Vasco. "La segunda transición - escribe el catedrático de la UPV-consiste en la democratización de un sistema que nació con muchas servidumbres y, entre otros temas pendientes, sin el reconocimiento de unas soberanías compartidas (...) Necesitamos unas nuevas reglas aceptables para la inmensa mayoría."

Por parte de HB, se sentaron frente a los citados en primer lugar algunos de los miembros de la mesa nacional encarcelada, como Karmelo Landa y Floren Aoiz, además de Jon Idígoras, que por cierto trabajaba ventana contra ventana con Xabier Arzalluz quince años atrás. Idígoras veía tras los cristales a Sabino Arana detrás de la mesa de Arzalluz; y Arzalluz a Txomin Iturbe, sobre la chimenea del despacho de Idígoras.

La recta final de las conversaciones PNV-HB arranca el sábado, 18 de octubre del año pasado, a raíz de una concentración convocada en Guernica por el sindicato ELA-STV, afín al nacionalismo moderado. Junto a dirigentes del PNV, aparecen en la foto los tres dirigentes de HB citados: Landa, Aoiz e Idígoras. Y el secretario general de ELA, José Elorrieta, lanza una proclama en la que da a entender que la vía estatutaria está obsoleta y que hay que buscar nuevos escenarios. Mientras, en la práctica, cada vez es mayor la unidad sindical de ELA con LAB, el sindicato del MLNV.

La política institucional

Cuando la mesa nacional es encarcelada, la tripleta de HB se conforma de nuevo con Arnaldo Otegi, Joseba Permach e Iñigo Iruín. Otegi, cuarenta años recién cumplidos, antiguo militante de ETA próximo a Iturbe, había protagonizado un duro enfrentamiento verbal con Juan María Atutxa en el Parlamento vasco, en febrero de 1997, lo que le valió mediática fama de intransigente. Pero muy poco después, el mismo Atutxa, al tanto de cómo iba el proceso de diálogo y mirando ya más a su futuro escaño de presidente del Parlamento vasco, quitó hierro al incidente retransmitido por diversas televisiones.

Hoy, ningún observador de la realidad vasca duda que Arnaldo Otegi ha sido un elemento decisivo en encarrilar el proceso de paz, dicho más exactamente: la discusión de reivindicaciones políticas en el terreno político sin violencia. Similar papel ha tenido el economista donostiarra Joseba Permach, concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián, donde ha llevado una política institucional soportable por lo menos para sus adversarios socialistas, que en privado hablan incluso bien de él. El PP es otra cosa, no en vano pagó con la vida de su compañero Gregorio Ordóñez.

Iñigo Iruín, abogado de presos entre los cuales alguno de la mesa nacional procesada, se hizo al lado de Iñaki Esnaola y tiene detrás la experiencia de haber participado en el equipo de asesores del diálogo de Argel entre ETA y representantes del Gobierno español, en 1989.

En el último año, las reuniones bilaterales se ampliaron a EA y, finalmente IU. El definitivo Foro de Irlanda que levantó acta el 12 de septiembre en Lizarra, había tenido otros dos plenarios en la misma localidad navarra, como simbólica reivindicación de que "Nafarroa Euskadi da", "Navarra es Euskadi", consigna que une al unísono a todas las cuerdas del coro nacionalista.

Por supuesto, delegaciones de todos los partidos citados han tenido ocasión de hablar con los responsables del proceso irlandés, incluidos el socialdemócrata John Hume y los republicanos Adams y McGuinness. Una delegación del grupo Elkarri, también firmante de la declaración de Lizarra fue incluso más lejos, hablando no sólo con los católicos, sino también con los protestantes y con el portavoz del Gobierno británico en Stormont, Robert Crawford, entre el 13 y el 17 de abril pasado.

La declaración de Lizarra se hizo pública, como se ha dicho, el sábado 12, pero tenía prácticamente todos sus cabos atados. Más allá de su articulado, el espíritu de su letra es que propone un nuevo marco político que ETA asume que puede ser válido para presentar sus reivindicaciones políticamente, no "manu militari". Por eso ni se habla de negociar con el Gobierno español ni se pone plazo a un proceso político que se prevé largo, dada la magnitud de reivindicaciones como territorialidad, soberanía o modificación del marco constitucional. O el mismo reconocimiento del origen político del conflicto, frente a quienes lo consideran un puro problema de delincuencia común. Claro que la indefinición de la tregua también es interpretada a la baja como rompible en cualquier momento, de ahí la prudencia con que se ha recibido especialmente en el PP y el PSOE.

Tender puentes

Faltaba sólo que ETA convenciera a su gente, donde ha tenido un papel su nuevo responsable político, Mikel Albizu Iriarte, "Antza", de quien nadie discute por lo menos su formación intelectual. Habrán repescado, asimismo, el análisis que cinco años atrás vislumbró Antxon Etxebeste, el portavoz de ETA en Argel, que dejó escrito que sus reivindicaciones no se conseguirían por la fuerza de las armas y que la única posibilidad era la vía política.

Esa prevalencia de lo político sobre lo militar había sido defendida públicamente por el dirigente histórico y cofundador de ETA, Iulen de Madariaga, que también había intentado tender puentes diálogo entre fuerzas políticas vascas. Se reunieron dos veces, en 1996, en el monasterio franciscano de Aranzazu. Y fue también preámbulo de lo sucedido la inmediatamente anterior conferencia de paz auspiciada por Elkarri, que culminó el 12 de marzo de 1995, en la que se sentaron juntos representantes de los mismos partidos que firman hoy la declaración de Lizarra, además de Unidad Alavesa, y que fue moderada por Fèlix Martí, director del Centro Unesco en Cataluña.

  

Una información publicada en LA VANGUARDIA el 20 de septiembre de 1998. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.